Existen diferentes plazos para interponer un recurso de amparo según se presente contra disposiciones o actos administrativos (20 días) o frente a resoluciones judiciales (30 días) que comenzarán a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución.
No todos los derechos recogidos en la Constitución Española se protegen a través del recurso de amparo constitucional. Únicamente los consagrados en los artículos 14 a 29 de la Constitución -derechos fundamentales-, más la objeción de conciencia del artículo 30.
El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional se plantea frente a las violaciones de los derechos fundamentales y libertades públicas que sean originadas por disposiciones, actos, decisiones, resoluciones, omisiones o simple vía de hecho, de los poderes públicos del Estado, de las Comunidades Autónomas, así como de los demás entes de carácter territorial, corporativo o institucional, y de sus funcionarios o agentes.
La legitimación la tiene tanto quien es titular de un derecho fundamental o de una libertad pública como quien ha sido parte en el proceso judicial correspondiente, siempre que, en uno y otro caso, se invoque un interés legítimo en el asunto debatido.
