El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional se plantea frente a las violaciones de los derechos fundamentales y libertades públicas que sean originadas por disposiciones, actos, decisiones, resoluciones, omisiones o simple vía de hecho, de los poderes públicos del Estado, de las Comunidades Autónomas, así como de los demás entes de carácter territorial, corporativo o institucional, y de sus funcionarios o agentes.
Concretamente, el recurso de amparo puede interponerse contra las decisiones o actos de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, contra los actos o disposiciones de las Administraciones Públicas, contra las resoluciones de la Administración de Justicia y contra los actos y decisiones de la Administración Electoral.
También se puede interponer de forma «mixta» frente a actos o disposiciones de las Administraciones Públicas y de los Tribunales de Justicia, cuando éstos últimos hayan incurrido en una nueva lesión de un derecho o libertad al conocer de los recursos interpuestos contra los actos, decisiones o disposiciones de aquéllas.
En el recurso de amparo constitucional sólo puede pretenderse la preservación o el restablecimiento de lesiones concretas y efectivas de derechos o libertades. No es una vía adecuada, sin embargo, para efectuar juicios abstractos de inconstitucionalidad de normas o para garantizar, también en abstracto, la correcta aplicación de los preceptos de la Constitución que recogen y garantizan esos derechos fundamentales y libertades públicas.
El incidente excepcional de nulidad previo al recurso de amparo
Resulta fundamental, en primer lugar, determinar cuándo es necesario interponer incidente excepcional de nulidad de actuaciones para agotar la vía judicial previa, y cuando puede interponerse amparo directamente contra la resolución judicial firme, atendiendo a la necesidad de preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo.
Esto resulta de la obligación de agotar todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto, sin que quepa ulterior recurso ordinario o extraordinario en vía judicial, «para dar a los órganos de la jurisdicción ordinaria la oportunidad de reparar tales lesiones con carácter previo a la interposición del recurso de amparo», a fin de que pueda subsanar cualquier violación de los derechos fundamentales del art. 53. 2 de la Constitución, evitando la demora y sobrecarga del Tribunal Constitucional.
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